IZQUIERDA UNIDA DE LUCENA

Ayer IU llevó al pleno la siguiente moción:

En época de crisis es justo y razonable exigir el esfuerzo de todos, y especialmente de los que más tienen. Muchos hemos creído siempre en la necesidad de intervenir y regular el mercado, cosa que se ha acabado aceptando incluso en los sectores más liberales. Pero, en lugar de refundar el capitalismo o reformar la lógica de los mercados, el mercado ha reformado al Estado.

Con los ajustes, el Ejecutivo ha aceptado el dogma de acabar con el problema del déficit únicamente por la vía del gasto, con una propuesta muy poco racional. En primer lugar porque es antieconómica debido a la renuncia prematura a la inversión, lo que nos puede llevar de la recesión a la depresión económica. Y, en segundo lugar, porque es una propuesta que conlleva graves consecuencias sociales en terrenos tan relevantes como las pensiones, la dependencia o la rebaja del sueldo de los funcionarios, aceptando que la lógica del ajuste se debe basar en los ajustes salariales, empezando por los empleados públicos, para después seguir con la bajada salarial de todo aquel que mantenga un empleo. El Gobierno lanza un nuevo mensaje: ahora toca la reforma laboral, asumiendo que los ajustes se tienen que hacer con el esfuerzo de los asalariados. No sitúa reflexión alguna en torno a nuestro principal problema: la falta de crédito a empresas y familias –en el que sí hay un diferencial negativo respecto a Europa-, ni aborda las reformas y exigencias que se necesitan en el sector financiero, tampoco atajan con ejemplaridad el fraude fiscal ni la economía sumergida. También se dice que llegará una propuesta para que pague quien más tiene, pero sin plazos ni propuestas concretas, auspiciando con su anuncio la fuga de capitales a paraísos fiscales.

El presidente del Gobierno siempre ha reivindicado su tradición de la izquierda, de un fuerte republicanismo cívico. Pero, en cambio, es en el momento de mayor ofensiva de los valores de la derecha, de propuestas de ajustes más duros e injustos, cuando Zapatero ha decidido desertar del terreno de la izquierda, de desarmarla, y de rendirse al ajuste duro, irracional, injusto y no equitativo.

Podríamos ahora esperar a que concrete las propuestas para que pague más quien más tiene, mientras los ajustes duros se materializan. Incluso es posible que en cuestión de días podamos encontrarnos con alguna medida concreta. Pero creo que lo que nos toca a la gente de izquierdas y de progreso es definir otros caminos por los que transitar. Se puede equilibrar el déficit sin recortes sociales, con una política de recorte del gasto distinta y sobre todo con una reforma fiscal justa, progresiva y ambiental.

Nuestro grupo, desde una visión de la izquierda, proponemos al Pleno se adopten los siguientes acuerdos:

1.      El Pleno del Ayuntamiento insta al Gobierno a retirar el Plan de Ajuste presentado el día 12 de mayo ante el Congreso de los Diputados y aprobado en el Consejo de Ministros del día 20 de mayo.

2.      La Corporación Local se opone a cualquier medida de congelación de las pensiones del sistema público e insta especialmente al Gobierno de la nación a retirar de las medidas de ajuste las que congelan las pensiones durante 2011 y modifican las condiciones para la jubilación parcial.

3.      La Corporación Local se opone a cualquier medida que suponga la reducción del salario de los empleados públicos y/o la congelación de sus retribuciones e insta especialmente al Gobierno a que retire de las medidas de ajuste las que puedan afectar a este concepto.

4.      La Corporación Local insta al Gobierno a que de forma urgente convoque a los representantes de las fuerzas políticas para acordar un paquete de medidas de reforma fiscal progresiva, en la que paguen más los que más tienen o ganen y que incluyan medidas que permitan aumentar la recaudación del estado sin necesidad de recortar medidas que afecten al estado del bienestar, medidas como:

1. Recuperar el Impuesto de Patrimonio, lo que permitiría un aumento de la recaudación fiscal de unos 2.200 millones de euros.
2. Realizar un plan de lucha contra el fraude fiscal.
3. Realizar un plan de choque para sacar de la ilegalidad la economía sumergida (en España se sitúa en un 23 por ciento del Producto Interior Bruto, el equivalente a 208.000 millones de euros -29.000 en Andalucía-, según el colectivo de Técnicos del Ministerio de Economía y Hacienda).
4. Reformar el IRPF, introduciendo un nuevo tramo del 50% para los ingresos superiores a 8.000 euros mensuales.
5. Crear un nuevo tramo del impuesto de sociedades para las empresas que ganen más de 1.000 millones de euros al año.
6. Poner en marcha las reformas necesarias en el sector financiero que garanticen el acceso al crédito a familias y PYMES y controlen tanto el nivel de beneficios de dicho sector así como los sueldos de sus directivos.
7. Revisión de los grados de ejecución del presupuesto para reducir gastos suntuarios y promocionales.
8. Rebajar el sueldo de aquellos cargos institucionales que cobren más que el Presidente del Gobierno de España.
9. Reducir el presupuesto del ministerio de defensa, retirando las tropas de Afganistán, Líbano y Somalia (750 millones de ahorro) y eliminando la inversión en I+D de la industria militar prevista para 2010 (950 millones) o lo pendiente de los 1.353 millones para 24 helicópteros de combate Tigre.
10. La eliminación de la casilla de asignación tributaria a la Iglesia católica de la declaración del IRPF, una anomalía del impuesto, ya que permite a un único colectivo la posibilidad de elegir el destino de parte de la recaudación. Con su supresión se incrementarían en 250 millones los ingresos de libre asignación. Si además se suprimiesen los sueldos para los profesores que imparten religión en centros escolares públicos (650 millones al año), ajustándose a las directrices de un Estado laico, se podrían mantener los 600 millones de la ayuda al desarrollo.

5.      Dar traslado de estos acuerdos al Gobierno de España.